Tribunal Constitucional y Defensor del Pueblo: composición, recursos y plazos

Este post corresponde al tema 1 del Bloque I (Organización del Estado y de la Administración pública) del temario de Administrativo del Estado, que junto a la Constitución incluye el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Aquí nos centramos en esos dos órganos: son dos órganos con muchas cifras (miembros, mayorías, años, días) y por eso aparecen tanto en las preguntas tipo test. La idea es que salgas sabiendo qué es cada uno, quién lo elige, qué puede hacer y en qué plazos.

El Tribunal Constitucional: el intérprete supremo de la Constitución

El Tribunal Constitucional (TC) está regulado en el Título IX de la Constitución (arts. 159 a 165) y desarrollado por la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional (LOTC). No forma parte del Poder Judicial: es un órgano independiente que controla que las leyes y los poderes públicos respeten la Constitución.

Composición: los 12 magistrados (art. 159 CE)

El TC tiene 12 miembros nombrados por el Rey, propuestos así:

4 a propuesta del Congreso, por mayoría de tres quintos de sus miembros.
4 a propuesta del Senado, también por tres quintos.
2 a propuesta del Gobierno.
2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Se eligen entre magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. El mandato es de nueve años y el Tribunal se renueva por terceras partes cada tres años. Sus miembros son independientes e inamovibles.

El Presidente lo nombra el Rey entre los propios magistrados, a propuesta del Tribunal en pleno, por un período de tres años (art. 160 CE).

Truco para recordarlo: «4 + 4 + 2 + 2 = 12; 15 años de experiencia; 9 de mandato; renovación cada 3; presidente 3». Casi todo lo importante gira en torno al número tres.

Competencias (art. 161 CE)

Recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley.
Recurso de amparo por violación de los derechos y libertades del art. 53.2 CE.
Conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de estas entre sí.
Las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.

Ojo al art. 161.2 CE: el Gobierno puede impugnar ante el TC disposiciones y resoluciones de las comunidades autónomas. La impugnación suspende la disposición recurrida, y el Tribunal debe ratificar o levantar esa suspensión en un plazo no superior a cinco meses. Es la gran excepción a la regla general: según el art. 30 LOTC, admitir un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad no suspende la vigencia de la ley.

Los tres procesos que más preguntan

Recurso de inconstitucionalidad

Pueden interponerlo (art. 162.1.a CE) el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, sus Asambleas. El plazo general es de tres meses desde la publicación de la ley (art. 33.1 LOTC). Ese plazo se amplía a nueve meses para el Presidente del Gobierno y los gobiernos autonómicos si se reúne la Comisión Bilateral de Cooperación, esta acuerda iniciar negociaciones y el acuerdo se comunica al TC y se publica (art. 33.2 LOTC).

Cuestión de inconstitucionalidad

La plantea un juez o tribunal, de oficio o a instancia de parte, cuando considera que una ley aplicable al caso, y de cuya validez depende el fallo, puede ser contraria a la Constitución (art. 163 CE y art. 35 LOTC). Se plantea una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, tras oír a las partes y al Ministerio Fiscal durante 10 días. La Constitución dice que sus efectos «en ningún caso serán suspensivos» respecto de la ley. Lo que sí queda suspendido es el proceso judicial concreto, a la espera de lo que decida el TC.

Recurso de amparo

Protege los derechos fundamentales del art. 53.2 CE. Puede interponerlo toda persona física o jurídica que invoque un interés legítimo, además del Defensor del Pueblo y del Ministerio Fiscal (art. 162.1.b CE). Es subsidiario: antes hay que agotar la vía judicial. Además, la demanda debe justificar la especial trascendencia constitucional del recurso (art. 49.1 LOTC); si no lo hace, se inadmite. Los plazos dependen de quién haya vulnerado el derecho:

Origen de la vulneración	Artículo LOTC	Plazo
Actos sin valor de ley de las Cortes o de las Asambleas autonómicas	Art. 42	3 meses desde que sean firmes
Actos del Gobierno, autoridades o funcionarios (Administración)	Art. 43	20 días desde la notificación de la resolución judicial que agota la vía previa
Actos u omisiones de órganos judiciales	Art. 44	30 días desde la notificación de la resolución

En la admisión intervienen las Secciones: admiten por unanimidad y, si no la hay, trasladan la decisión a la Sala (art. 50 LOTC). La resolución del fondo corresponde a las Salas y, en su caso, a las Secciones (art. 48 LOTC).

Efectos de las sentencias (art. 164 CE)

Se publican en el BOE con los votos particulares, si los hay. Tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y contra ellas no cabe recurso alguno. Las que declaran la inconstitucionalidad de una ley tienen plenos efectos frente a todos. Salvo que el fallo diga otra cosa, la ley sigue vigente en la parte no afectada.

El Defensor del Pueblo: el alto comisionado de las Cortes

El art. 54 CE lo define como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para defender los derechos del Título I. Para ello puede supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes. Lo desarrolla la Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo.

Elección, mandato y adjuntos

Quién lo elige: las Cortes Generales, por un período de cinco años (art. 2.1).
Mayorías: la Comisión Mixta Congreso-Senado propone el candidato. Necesita tres quintos del Congreso y después la ratificación del Senado por la misma mayoría en un plazo máximo de 20 días. Si no se alcanzan, la Comisión hace nuevas propuestas en el plazo de un mes. Una vez logrados los tres quintos en el Congreso, basta la mayoría absoluta del Senado (art. 2.4 y 2.5).
Requisitos: ser español, mayor de edad y estar en pleno disfrute de los derechos civiles y políticos (art. 3).
Adjuntos: dos, un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo (art. 8).

Quejas: quién, cómo y cuándo

Puede dirigirse al Defensor toda persona física o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna. La nacionalidad, la residencia, el sexo, la minoría de edad, la incapacidad legal o el internamiento penitenciario no impiden presentar una queja (art. 10.1). Lo que no pueden hacer las autoridades administrativas es presentar quejas sobre asuntos de su propia competencia (art. 10.3).

La queja va firmada, con nombre, apellidos y domicilio, y se presenta en el plazo máximo de un año desde que se conocen los hechos. Todas las actuaciones son gratuitas y no se necesita abogado ni procurador (art. 15).

Informes y otras funciones

Da cuenta de su gestión mediante un informe anual a las Cortes Generales, que se publica. Si la gravedad o urgencia lo aconsejan, puede presentar informes extraordinarios, dirigidos a las Diputaciones Permanentes si las Cámaras no están reunidas (art. 32). Además, desde la LO 1/2009 ejerce las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con un Consejo Asesor presidido por el Adjunto en quien delegue.

Tabla comparativa para repasar

	Tribunal Constitucional	Defensor del Pueblo
Regulación	Título IX CE (arts. 159-165) y LO 2/1979	Art. 54 CE y LO 3/1981
Naturaleza	Órgano constitucional jurisdiccional, fuera del Poder Judicial	Alto comisionado de las Cortes Generales
Composición	12 magistrados	Un titular y dos adjuntos
Mandato	9 años, renovación por tercios cada 3	5 años
Quién lo nombra	El Rey, a propuesta de Congreso, Senado, Gobierno y CGPJ	Las Cortes Generales
Qué resuelve	Sentencias vinculantes, sin recurso	No anula actos: investiga, recomienda e informa
Relación entre ambos	Resuelve los recursos que le plantee el Defensor del Pueblo	Legitimado para interponer ante el TC recursos de inconstitucionalidad y de amparo

Pregunta tipo test de ejemplo

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según la Constitución y la LOTC?

Los magistrados del TC se eligen por un período de cinco años.
El recurso de amparo contra actos de órganos judiciales debe interponerse en el plazo de 30 días desde la notificación de la resolución.
La cuestión de inconstitucionalidad suspende la vigencia de la ley cuestionada.
El Defensor del Pueblo no puede interponer recurso de inconstitucionalidad.

Respuesta correcta: b). El art. 44.2 LOTC fija 30 días para el amparo frente a actos judiciales. La a) es falsa porque el mandato es de nueve años; los cinco años corresponden al Defensor del Pueblo, y es una confusión típica. La c) es falsa porque el art. 163 CE dice que sus efectos no serán suspensivos en ningún caso; lo que se suspende es el proceso judicial. La d) es falsa porque el art. 162.1.a CE incluye expresamente al Defensor del Pueblo entre los legitimados.

Resumen: puntos clave para repasar

TC: 12 magistrados (4 Congreso, 4 Senado, ambos por 3/5; 2 Gobierno; 2 CGPJ), más de 15 años de ejercicio, 9 años de mandato, renovación por tercios cada 3 y Presidente por 3 años.
Recurso de inconstitucionalidad: Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y ejecutivos y Asambleas autonómicas; 3 meses (9 con la Comisión Bilateral).
Cuestión de inconstitucionalidad: la plantean jueces y tribunales y no suspende la ley.
Amparo: 3 meses (actos parlamentarios), 20 días (Administración) y 30 días (actos judiciales); exige especial trascendencia constitucional.
Art. 161.2 CE: la impugnación del Gobierno suspende la norma autonómica; el TC ratifica o levanta la suspensión en un máximo de 5 meses.
Sentencias del TC: cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación y sin recurso.
Defensor del Pueblo: alto comisionado de las Cortes, 5 años, 3/5 del Congreso más ratificación del Senado, dos adjuntos, quejas en un año, gratuitas y sin abogado, e informe anual a las Cortes.